Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá regresar a la vivienda madrileña en la que ha pasado prácticamente toda su vida. Su desahucio provocó una fuerte movilización social, pero detrás del caso existe una historia jurídica que comenzó en 1956 y que ayuda a entender por qué, a pesar de haber pagado regularmente su alquiler, terminó siendo expulsada de su casa.

Maricarmen llegó a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, cuando era joven. El contrato original fue firmado por su padre en 1956 bajo el antiguo sistema de arrendamientos, conocido habitualmente como renta antigua. 

Este tipo de contratos ofrecía condiciones muy diferentes a las actuales y podía mantenerse durante largos periodos mediante mecanismos de subrogación familiar.

Un contrato que pasó del padre a la madre y después a Maricarmen

Cuando murió el padre de Maricarmen, el contrato pasó a su madre.

En 2005, tras la muerte de esta, Maricarmen quedó como arrendataria mediante una segunda subrogación. Allí se encuentra la clave jurídica de todo el conflicto. 

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 modificó las reglas aplicables a estos antiguos contratos. En determinadas segundas subrogaciones, la continuidad del arrendamiento queda limitada a dos años, salvo algunas excepciones, entre ellas que la persona tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65%.

Maricarmen tiene reconocido un grado del 50%, por lo que los tribunales concluyeron que no entraba en esa excepción. 

No la desahuciaron por dejar de pagar

Este punto es importante.

Maricarmen no perdió la vivienda por haber dejado de pagar el alquiler. Continuó abonando la renta y permaneció en la casa durante años. La disputa se centró en si el contrato de 1956 podía continuar vigente después de aquella segunda subrogación. 

Cuando Urbagestión adquirió la vivienda, inicialmente siguió aceptando los pagos y llegó incluso a actualizar la renta. Posteriormente solicitó a Maricarmen documentación relacionada con su derecho a mantener la subrogación y acabó reclamando judicialmente la extinción del contrato. 

Por eso tampoco sería exacto afirmar que fue expulsada simplemente porque se negó a pagar un alquiler más elevado.

La causa jurídica del desahucio fue la expiración del antiguo contrato, según la interpretación finalmente aceptada por los tribunales. Las cantidades de un posible nuevo alquiler aparecieron posteriormente durante las negociaciones para que pudiera quedarse en la vivienda. 

Años de batalla judicial

Maricarmen consiguió inicialmente una sentencia favorable.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión y concluyó que el contrato debía considerarse extinguido una vez aplicado el límite correspondiente a la segunda subrogación.

Su defensa recurrió posteriormente ante el Tribunal Supremo.

El 13 de diciembre de 2023, la Sala de lo Civil inadmitió el recurso y dejó firme la resolución de la Audiencia Provincial. Según Europa Press, el Supremo señaló que la discusión no estaba en si Maricarmen había heredado legítimamente el contrato, sino en cuánto tiempo podía mantenerse después de esa segunda subrogación. 

Después de distintos aplazamientos, el lanzamiento terminó fijándose para septiembre de 2026.

Un nuevo alquiler que no podía asumir

Una vez extinguido jurídicamente el contrato de renta antigua, comenzó otro problema: las condiciones necesarias para que Maricarmen pudiera continuar allí con un contrato nuevo.

Hasta entonces pagaba alrededor de 440-500 euros mensuales.

Las cifras publicadas sobre las propuestas posteriores han variado. El Sindicato de Inquilinas llegó a hablar de 2,650 euros, mientras que la abogada de Maricarmen señaló que durante una negociación la propiedad planteó 1,650 euros mensuales para un nuevo contrato. Urbagestión ha rechazado algunas de las versiones difundidas públicamente sobre esas cantidades. 

En cualquier caso, la pensión de Maricarmen ronda los 1,350-1,450 euros mensuales, por lo que una renta de aproximadamente 1,650 euros resultaba económicamente imposible para ella. 

El desahucio finalmente se ejecutó

El 23 de septiembre de 2026, después de varios intentos anteriores, se ejecutó finalmente la orden judicial.

Maricarmen tuvo que abandonar la casa en la que llevaba alrededor de siete décadas viviendo. Su situación generó protestas y movilizaciones que llevaron el caso a convertirse en uno de los principales símbolos del debate sobre vivienda en Madrid durante esos días. 

La empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., ha rechazado públicamente la denominación de “fondo buitre” utilizada por organizaciones de inquilinos y algunos manifestantes, señalando que se trata de una empresa inmobiliaria madrileña. Por eso, ese término describe la posición de sus críticos y no su clasificación jurídica. 

El acuerdo que permitirá que vuelva a casa

La historia cambió nuevamente pocos días después.

Tras una reunión de más de cuatro horas con mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), Urbagestión y los representantes de Maricarmen alcanzaron un acuerdo para celebrar un nuevo contrato. 

El nuevo alquiler tendrá una duración de ocho años y la renta no podrá superar el 30% de sus ingresos netos, lo que situaría el pago en una cantidad próxima a los 500 euros que abonaba anteriormente. 

Y ya existe una actualización importante respecto a los primeros anuncios: Maricarmen aceptó formalmente el acuerdo el 29 de septiembre. Regresará a la vivienda cuando reciba el alta del Hospital Gregorio Marañón. 

Una historia que comenzó hace 70 años

El caso de Maricarmen no nació de un impago reciente.

Su origen está en un contrato firmado en 1956, dos sucesiones familiares y la aplicación décadas después de una legislación que limitó la duración de determinadas subrogaciones de los antiguos alquileres.

Los tribunales terminaron concluyendo que aquel contrato ya no podía continuar. La propiedad obtuvo así legalmente la recuperación de la vivienda y el desahucio fue ejecutado.

Pero después de la movilización social y una nueva negociación, Maricarmen ha conseguido algo que durante años parecía imposible: firmar un nuevo contrato y regresar a la misma casa en la que comenzó a vivir hace aproximadamente siete décadas. 

El acuerdo fue alcanzado el 28 de septiembre, después de más de cuatro horas de negociación en una reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). 

La solución llega apenas unos días después de que Maricarmen tuviera que abandonar el piso ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro.

Había vivido allí durante aproximadamente 70 años.

Un nuevo contrato de ocho años

Según los términos difundidos después de la reunión, Maricarmen podrá firmar un contrato de alquiler de ocho años.

La renta mensual no podrá superar el 30% de sus ingresos netos, lo que situaría el pago en una cantidad cercana a los 500 euros que abonaba anteriormente. Una vez acepte formalmente el acuerdo y reciba el alta hospitalaria, podrá regresar a la vivienda. 

La negociación se desarrolló dentro de un mecanismo municipal de intermediación entre propietarios e inquilinos.

El acuerdo todavía necesitaba ser comunicado y convalidado por Maricarmen, que permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón cuando se anunció públicamente. 

Un desahucio que provocó movilizaciones

Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre de 2026 después de varios intentos anteriores de desahucio.

La situación generó una importante movilización ciudadana. Durante los días posteriores se celebraron protestas en Madrid y cientos de personas comenzaron a concentrarse y acampar en la Puerta del Sol para reclamar medidas relacionadas con el acceso a la vivienda.

El caso adquirió especial visibilidad por la edad de Maricarmen, el tiempo que llevaba viviendo en la misma casa y la diferencia entre la renta histórica que abonaba y las cantidades que la propiedad había planteado para un nuevo contrato. Medios españoles informaron de que pagaba alrededor de 500 euros mensuales y que se habían planteado rentas considerablemente superiores. 

De una propuesta rechazada al acuerdo final

La posibilidad de que Maricarmen regresara a su domicilio había comenzado a plantearse días antes.

Urbagestión propuso inicialmente incorporar la vivienda al programa municipal ReViVa, pero el Ayuntamiento de Madrid determinó que la fórmula no cumplía los requisitos legales del programa. A pesar de rechazar esa propuesta, el consistorio consiguió que ambas partes se sentaran a negociar con la mediación de la EMVS. 

Esa reunión terminó produciendo el nuevo acuerdo de alquiler.

¿Qué significa “fondo buitre”?

En manifestaciones, redes sociales y algunos medios se ha utilizado la expresión “fondo buitre” para referirse a la propiedad vinculada al caso. Se trata de un término crítico utilizado habitualmente para describir determinados inversores que compran activos —incluidos inmuebles o deuda— buscando rentabilidad, especialmente cuando estos se encuentran en situaciones problemáticas.

No es una categoría jurídica. En este caso, la entidad identificada como propietaria es Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L. 

El regreso todavía necesita su aprobación

Aunque distintos titulares ya anuncian que Maricarmen “volverá a casa”, existe un último matiz importante: el acuerdo fue negociado por sus representantes y todavía debe ser aceptado formalmente por ella.

Si da su conformidad, podrá regresar al domicilio después de recibir el alta hospitalaria y comenzar una nueva etapa bajo un contrato de ocho años con una renta limitada en función de sus ingresos. 

Después de una semana marcada por el desahucio, las movilizaciones y distintas propuestas de mediación, el acuerdo abre finalmente la posibilidad de que Maricarmen vuelva a la vivienda que ha considerado su hogar desde mediados de la década de 1950.