Una persona con doble nacionalidad podrá seguir siendo mexicana, votar, vivir en el extranjero y conservar los derechos que le correspondan. Lo que ya no podrá hacer, a partir de los procesos electorales de 2028, es competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sin renunciar previamente a su segunda nacionalidad.

El Congreso de la Unión completó este 6 de octubre el procedimiento legislativo de una de las reformas políticas más debatidas de las últimas semanas.

El Senado declaró aprobada la modificación constitucional después de recibir el respaldo de 22 congresos locales, superando la mayoría requerida por el artículo 135 de la Constitución. Horas después, la Cámara de Diputados realizó su propia declaratoria y remitió el decreto al Ejecutivo federal para su promulgación. 

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece el principio de nacionalidad mexicana única para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales. 

¿Qué cambia exactamente?

Hasta ahora, la Constitución ya establecía que la persona titular de la Presidencia debía ser mexicana por nacimiento y cumplir determinados requisitos de nacionalidad.

La nueva redacción va más lejos.

Para aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será necesario:

• ser mexicano o mexicana por nacimiento;
• no tener ni adquirir otra nacionalidad;
• renunciar a cualquier segunda nacionalidad antes de solicitar el registro como candidato;
• y, una vez en el cargo, no solicitar ni adquirir otra nacionalidad. 

La reforma también establece que quien ocupe alguno de estos cargos no podrá invocar ante otro Estado una nacionalidad distinta de la mexicana.

La prohibición comprende asimismo el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y la posibilidad de acogerse a protección diplomática extranjera mientras se ejerza el cargo. 

Tener doble nacionalidad seguirá siendo legal

La reforma no elimina la doble nacionalidad en México.

Millones de mexicanos podrán seguir teniendo simultáneamente ciudadanía mexicana y la de otro país.

El cambio afecta únicamente a quienes pretendan encabezar determinados poderes ejecutivos.

Por ejemplo, una persona nacida en México que también posea ciudadanía estadounidense, española o canadiense podrá conservar ambas. Pero si desea registrarse como candidata a la Presidencia o a una gubernatura, tendrá que renunciar a la otra antes del registro electoral. o

Por ello, describir la reforma simplemente como una “prohibición de la doble nacionalidad” puede resultar engañoso: la doble nacionalidad continúa existiendo; la restricción aplica a cargos políticos específicos.

¿Cuándo comienza a aplicarse?

Aunque el decreto entrará formalmente en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el régimen transitorio establece que las nuevas reglas electorales serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028. 

Esto significa que los procesos electorales de 2027 no quedan automáticamente sujetos a la nueva condición.

Una vez publicado el decreto, el Congreso de la Unión tendrá además 90 días naturales para realizar los cambios correspondientes en la Ley de Nacionalidad y en la legislación electoral.

Las entidades federativas dispondrán del mismo plazo para armonizar sus constituciones y leyes locales.

22 congresos estatales dieron su aprobación

Para modificar la Constitución mexicana no basta con el voto de diputados y senadores.

El artículo 135 exige que la reforma también obtenga la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados.

En este caso se contabilizaron votos favorables de 22 congresos locales, entre ellos Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

Con ello se superó ampliamente el mínimo constitucional necesario.

La reforma comenzó como una iniciativa presidencial

La propuesta fue presentada por el Ejecutivo federal el 1 de septiembre de 2026.

Su argumento central fue que quienes encabecen el Poder Ejecutivo mexicano deben carecer de vínculos jurídicos con otro Estado que pudieran generar conflictos de lealtad o soberanía.

El texto plantea que, debido a la naturaleza de la Presidencia y los gobiernos estatales, sus titulares deben mantener una relación jurídica exclusiva con México durante el ejercicio del cargo. 

La Cámara de Diputados aprobó la reforma el 23 de septiembre.

En la votación general obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Posteriormente pasó al Senado. 

El Senado la aprobó el 29 de septiembre con la mayoría calificada requerida. El registro legislativo reportó 86 votos a favor en la votación correspondiente. 

El debate: soberanía frente a derechos políticos

La discusión ha generado dos visiones claramente distintas.

Quienes respaldaron la reforma argumentaron que dirigir el Poder Ejecutivo implica una responsabilidad excepcional respecto a la soberanía nacional y que, por tanto, una persona que ocupe esos cargos no debería mantener obligaciones jurídicas o políticas con otro país. 

Sus opositores cuestionaron que poseer otra ciudadanía pueda interpretarse como falta de lealtad hacia México.

Senadores del PAN, entre otros legisladores, argumentaron que la medida podría afectar principalmente a mexicanos migrantes que adquirieron otra nacionalidad después de establecerse en el extranjero y que desean participar posteriormente en la vida política mexicana. 

El debate resulta especialmente relevante para la comunidad mexicana en Estados Unidos, donde numerosos ciudadanos mexicanos han obtenido también la nacionalidad estadounidense sin renunciar a la mexicana.

¿Será necesario renunciar antes o después de ganar?

La reforma resuelve expresamente uno de los puntos que generó discusión durante su elaboración.

La renuncia deberá realizarse antes de solicitar el registro de la candidatura, no después de ganar la elección. 

Por ejemplo, una persona con nacionalidad mexicana y estadounidense que pretenda competir por una gubernatura en 2028 tendría que acreditar previamente que dejó de poseer la segunda nacionalidad bajo los términos que establezcan las futuras leyes reglamentarias.

Será precisamente esa legislación secundaria la que defina procedimientos, documentos y mecanismos de verificación.

No afecta a todos los cargos públicos

La modificación actualmente aprobada se concentra en tres tipos de cargos:

Presidencia de la República, gubernaturas de los estados y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

No significa, por sí misma, una prohibición general para que cualquier persona con doble nacionalidad pueda ser legislador, alcalde o desempeñar cualquier otro puesto público.

De hecho, durante la discusión parlamentaria algunos legisladores señalaron la existencia de propuestas distintas para ampliar requisitos similares a otros cargos, pero esas iniciativas deben analizarse por separado y no forman parte automáticamente de esta reforma.

Falta la publicación en el Diario Oficial

Al cierre del 6 de octubre, Senado y Cámara de Diputados ya habían realizado las declaratorias correspondientes y el decreto había sido enviado al Ejecutivo federal para su promulgación. 

El paso siguiente es su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de entonces comenzarán a correr los plazos para modificar las leyes secundarias y armonizar las normas estatales.

Una nueva condición para llegar al Poder Ejecutivo

México seguirá reconociendo la posibilidad de que sus ciudadanos posean más de una nacionalidad.

Lo que cambia es el requisito para ocupar los cargos ejecutivos más importantes del país.

A partir de 2028, la pregunta para quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o el gobierno de Ciudad de México ya no será únicamente si son mexicanos por nacimiento.

También tendrán que demostrar que, al momento de convertirse en candidatos, jurídicamente México es su única nacionalidad.